Privatizando

Tengo la enorme convicción de que no entiendo un carajo, y perdonen ustedes el modo de señalar, sobre economía y asumo, quizás hasta orgulloso, que me aburre hasta la nausea tanta cifra, tanto análisis y tanta adoración a esos nuevos oráculos de Delfos. Creo que las cosas cuanto más simples, mejor. Cuando algo es extremadamente enrevesado, así de suspicaz que soy, me da la impresión de que es un timo. Y si para el fraude usan términos ininteligibles y usados por vanidosos iniciados, además de aburrimiento siento un poco de asquito, la verdad. Porque no se puede ser tan cursi, no me digan ustedes que no.

Por ejemplo, y sin liarnos demasiado, está el tema de las privatizaciones. Ya saben que en la década pasada y antepasada en el solar patrio se vendieron a troche y moche compañías estatales, de ésas que daban beneficios al Estado, de ésas que aliviaban la presión fiscal al españolito de a pie. Y, sinceramente, nunca he entendido muy bien el porqué Telefónica, por poner un ejemplo, se vendía a señores con posibles. Sí, ya me han dicho la excusa de que si libre mercado, que si libre competencia, pero insisto en que no veo el problema en que una de las compañías sea de titularidad estatal, y menos aún cuando el sector en cuestión, las telecomunicaciones, es tan estratégico -dicho sea de paso que allá en Europa hay Estados que son propietarios de compañías telefónicas... compañías que a su vez son propietarias de las que le hacen la competencia a Telefónica de España, véase France Telecom y Orange-.

Gracias a Dios, siempre vienen nuestros próceres a aclararnos las dudas que, simples mortales como el abajo firmante, tenemos por ignorantes y descerebrados. Para qué sirve la privatización, va y dice el plebeyo, parece que susurran los inmensos líderes que tanto y tan bien nos gobiernan, loados sean. Y como con ejemplos todo se entiende mejor, pues van nuestros amados guías y nos ofrecen no uno sino tres sobre para qué sirve la privatización. ¿Les suena los nombres de Iñaki Urdangarín -yerno del rey, por si alguien está despistado-, Paloma Villa -mujer de Eduardo Madina, a su vez dirigente del PSOE- y José Iván Rosa -marido de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidente del Gobierno, ni más ni menos-? Pues esos tres premiados, entre otros, son la demostración palmaria de para qué sirven las privatizaciones: para colocar a los familiares sin tanta traba como con la empresa estatal, que siempre estaría el Tribunal de Cuentas dando por saco.

Pero no crean que es injusto, no: qué menos que proporcionar a nuestros gurúes estabilidad en su vida familiar. Caray, que no somos salvajes. Como el romano aquél, menudo bestia, que fue y cascó que su mujer, además de serlo tenía que parecerlo. Qué barbaridad más gorda, ¿verdad?, qué sinsentido, qué burrada. Ay, menos mal que nosotros somos modernos y no unos asilvestrados, como ellos. Como los romanos.

Diego Garijo 

Es un poner

Pongamos que acabamos de llegar, como aquél que dice. Pongamos que ya lo hemos hecho antes, en otros lugares. Pongamos que nuestro propósito no es mejorar un servicio público (la sanidad en este caso) sino, para empezar, “ahorrar y gastar menos”. Pongamos que, como lo principal ahora es “ahorrar y gastar menos”, si se cumplen nuestras órdenes, se dispararán las listas de espera. Y, si no se cumplen y las listas de espera no se disparan, no se podrá “ahorrar y gastar menos”.

Pongamos que ya lo tenemos todo pensado y repensado y, ocurra lo que ocurra, culparemos a la sanidad pública en general, y al personal sanitario en particular, del desastre que se avecina. Si el personal sanitario cumple nuestras órdenes, les culparemos del aumento de las listas de espera, y resaltaremos el mal funcionamiento de la sanidad pública, que ni siquiera es capaz de ponerse las pilas con gestores tan excelentes como nosotros. Pero, si el personal sanitario deja de cumplir nuestras órdenes para dar un mejor servicio a los pacientes, les culparemos de no “ahorrar y gastar menos”. Y no dejaremos de subrayar el mal funcionamiento de la sanidad pública, por supuesto, en la que -¡habráse visto!- es necesario gastar dinero para ofrecer un servicio adecuado a los pacientes.

Pongamos que cualquiera de las dos opciones nos va a venir fenomenal, para presentar a la sanidad pública como un pozo sin fondo, y al personal sanitario como una panda de vagos que necesitan ser metidos en vereda con una “gestión” adecuada. Pongamos, además, que, para la enfermedad (nunca mejor dicho) que estamos causando nosotros (y de la que, insistimos, culpabilizaremos a otros, hagan lo que hagan), ya tenemos preparado el remedio.

Pongamos que el remedio son “empresas privadas de gestión sanitaria”. Pongamos, por otra parte, que dichas empresas no pertenecerían precisamente a desconocidos, sino que, en algunos casos, pudieran leerse en la lista de sus presidentes y directivos (y accionistas, si tal fuese el caso) nombres y, sobre todo, apellidos que podrían llegar a resultar extrañamente familiares.

Pongamos, incluso, que algunos de los “gestores” que han acudido a salvar a la sanidad pública de sí misma mediante un harakiri perfectamente planificado y controlado también podrían llegar a tener montada su propia consultoría o empresa relacionada con la “gestión de servicios sanitarios”.

Pongamos, finalmente, que los propios bomberos pirómanos ya teníamos decidido el nombre del engendro aún antes de parirlo en otras regiones de España.

Y pongamos que el nombre pudiera ser “colaboración público-privada”…

José Luis Morales

La mentira como método

Una noticia convulsionó en general a todo el mundo y a Francia en particular: unos niños caían muertos en la puerta de su colegio por los disparos hechos desde una motocicleta. Enseguida, los medios de comunicación tanto galos como internacionales se pusieron en marcha frenéticamente para informar de todas las pesquisas, sospechas y averiguaciones habidas con respecto a ese trágico crimen. El revuelo que se formó entre los periodistas fue de órdago y se transmitían datos sin contrastar, equívocos y contradictorios, tales como la acusación en absoluto velada del Frente Nacional francés como inspirador de los hechos -los niños asesinados eran judíos, así como el colegio del que salían- inspirada en una simplificación terrible y harto peligrosa. Hay que añadir que, para más escarnio, el FN ya había condenado públicamente los asesinatos de los niños. Asimismo, cuando se averiguó que el mismo asesino había disparado con resultado de muerte sobre tres soldados franceses, raudos corrieron los medios de comunicación a justificar su dislate de acusación con la excusa de que dos de esos tres soldados caídos eran musulmanes. Finalmente, los profesionales de la investigación, esto es, las policías y servicios secretos franceses, han conocido la identidad del agresor y ha resultado ser un franco-argelino, por supuesto musulmán y, según parece, con ciertas relaciones con la red terrorista Al Qaeda. Mientras escribimos este editorial, las fuerzas de seguridad francesas lo mantienen acorralado en el interior de una vivienda.

Pero lo que nos ocupa y preocupa es el uso inapropiado y adulterado de la información, convirtiéndola tan solo en una herramienta de manipulación con intereses partidistas -no olvidemos que Francia está en periodo electoral y la candidatura de Marine Le Pen, del FN, ha tomado suficiente fuerza para ser la opción a las candidaturas de derechas e izquierdas-. Por ejemplo, mientras se sostuvo la idea de que el asesino era un neonazi relacionado con el FN, en los medios de comunicación más importantes del mundo, incluidos los españoles, se le llamó “terrorista”. Tan sólo unas horas después, cuando supimos que el terrorista se llama Mohamed Merah y es de origen argelino, automáticamente los titulares trocaron los calificativos por “presunto asesino”.

No dejaría de ser anecdótica esta manipulación tan burda y torpe si no fuese porque no es rara sino más bien habitual en el mundo periodístico: la prensa depende tanto de las autoridades en el poder y está tan infecta de intereses políticos, totalmente ajenos a la deontología de la profesión periodística, que convierten el noble oficio de informar en una especie de sórdido trabajo de crear rumores y contra-rumores sin el más mínimo interés en informar verazmente. Además, como consecuencia directa, el derecho a la libre información se ve convertido en un eslogan, en un alfiler que poner en la solapa del político de turno en el poder. No tenemos más que mirar los titulares y la información de los diarios y revistas con una tendencia política -perfectamente conocida- o con la otra: sirven sin parar a los intereses de los partidos, como buenos siervos ante su señor. ¿Y dónde queda el periodismo de verdad, la veracidad y la independencia? Simplemente, son marginales y, con contadas excepciones, se encuentran en la red.

A pesar de todo, desde Cruzando el Rubicón, medio independiente y veraz, no queremos perder la esperanza en el gremio. Es la hora de los que ejercen el oficio periodístico: decidir si están dispuestos a seguir con ese juego suicida de su profesión o plantarse ante quien quiere usarlos como peones en una guerra que, sin duda, no es la suya.

Cruzando el Rubicón

Sin compromiso

Sólo hay que echar un vistazo alrededor: no está de moda casarse. Y eso está muy bien porque no me negarán que eso de comprometerse para toda la vida como que no es moderno, te corta las alas, te quita libertad e independencia y, caray, por qué renunciar a ayuntarse con varios, o varias, y no sólo con uno. Que ya saben que en la variedad está el gusto, y si no es variedad sino multitud, pues mejor que mejor. Pero, ya les digo, lo que menos gusta del matrimonio, esa institución arcaica, es el rollo ese el compromiso para siempre. Hasta que la muerte os separe, dicen. Nada, nada, es mucho mejor huir de los compromisos.

Y acto seguido nos metemos con fulanita o menganito -o con menganita o fulanito o ambos- en una casa. Y nos repiten, con toda la razón, que si total nos vamos a gastar los dineros en el alquiler, mucho mejor comprar. Sin duda es una buena idea. Sí, bueno, con nuestros ingresos y nuestros contratos -que también huyen del compromiso, manera fina de decir que son temporales, a su vez manera suave de decir que nos pueden largar cuando al jefe le apetezca-, los propios y los de los fulanitos y menganitas de turno, las hipotecas que se nos ofrecen son a cuarenta y cincuenta años. Pero, oigan, que merece la pena: esas seguridades, esa compra de un bien inmueble, esa inversión de futuro. Y allá que vamos con el menda que toque en ese momento a firmar. Qué orgullosos, qué listos, qué modernos y, sobre todo, qué libérrimos. Sin compromisos con nadie. Aunque...

¿Sin compromisos con nadie? Crédito hipotecario a cincuenta años, a finiquitar a la edad de ochenta, quince años después de habernos jubilado; cincuenta años pendientes de que nos renueven los contratos temporales, de aceptar que nos bajen los sueldos y empeoren las condiciones laborales so pena de quedarnos sin un chavo en el bolsillo con el que hacer frente a la deuda; cincuenta años atado a zutanito o menganita, a ése que era para un rato, que era desechable, por la cadena del banco, por la cadena del piso; cincuenta años ofreciendo nuestra vida por algo que, probablemente, no valga nada ni nos sirva de nada cuando seamos octogenarios. Hasta que la muerte nos separe. De la deuda.

Huyendo del compromiso, dicen. Pobres incautos.

Diego Garijo

Justificando lo injustificable

Acaparan las páginas de los principales diarios nacionales las noticias sobre la reciente condena al antiguo presidente de Baleares, Jaume Matas, y sobre la conveniencia o no de que tal condena se proyecte sobre su partido y la importancia o no de que bajo las siglas del PP cometiese los delitos que se han considerado probados. Por otro lado, siguen coleando los casos de los ERE’s andaluces que, a su vez, salpican al entorno del propio presidente Griñán y del antiguo presidente Chaves. Un caso, y otro, y otro, no han dejado de gotear sobre corruptelas de distinto tipo en todas las Comunidades Autónomas a lo largo de las tres últimas décadas, esto es, desde que comenzó la existencia de dichas Comunidades.

En otro frente, se analiza la duplicidad de competencias en multitud de áreas y la necesidad de poner coto a unos gastos desmedidos por triplicado. Sin embargo, se plantean opciones como eliminar las Diputaciones Provinciales y reorganizar los ayuntamientos agrupándolos no se sabe muy bien en función de qué criterios, aunque sospechamos que únicamente el económico -recordemos que es gracias a las Diputaciones por lo que los municipios más pequeños tienen servicios tan básicos como el agua corriente o la electricidad, las carreteras asfaltadas o repetidores de telecomunicación, entre otros, y que existen ayuntamientos con más de dos mil años de historia-. Sin embargo, en ningún momento se plantea el cierre de las Comunidades Autónomas, generadoras de la mayor parte de gasto en nuestro país, además de ser los mayores focos de corrupción política a gran escala como demuestra la condena de ni más ni menos que ocho presidentes de autonomías, aparte de decenas de consejeros y diputados regionales.

Es necesaria una nueva estructura estatal y una nueva organización territorial. Pero seamos sensatos: los ayuntamientos, algunos con fueros seculares y otros con tradiciones propias, son instituciones naturales del ser humano que no pueden depender de las diversas circunstancias socioeconómicas de cada lustro o de cada década. De ser así, España se convertiría en un ingobernable caos y los municipios, actuales instituciones de trato directo con la población, perderían toda su eficacia. Por su parte, las Diputaciones Provinciales, de desaparecer, provocarían, además de la desatención a los municipios más pequeños y con ellos a todos sus habitantes, un centralismo multiplicado por diecisiete que aumentaría a la enésima potencia la tentación caciquil de los rectores regionales, gobiernen éstos bajo las siglas que gobiernen.

La organización territorial por Comunidades Autónomas, un experimento que se hizo queremos creer que con buena intención, no ha dado el resultado esperado: la economía se ha hundido en su pozo sin fondo, la unidad se ha resquebrajado con añagazas egoístas y la desafección del pueblo por su clase mandataria es más que palmaria. Es necesaria una nueva estructura territorial, eso es cierto, pero hay que comenzar, cuando sea posible, por eliminar las Comunidades Autónomas y, por otra parte, dejarse de experimentos carísimos y de dudosa eficacia con instituciones que han demostrado su validez durante siglos, tales como ayuntamientos o diputaciones. Seamos cuidadosos con nuestras ocurrencias porque después seremos nosotros los que paguemos los platos rotos.

Cruzando el Rubicón