Que la medida es demagógica lo demuestra la cantidad de
dirigentes del PP en todos los niveles que ha salido a defenderla, así como los
palmeros proclives al PP en distintos medios de comunicación. Que la medida es
inoperante lo aclara el sentido común más primario pues, si una persona ha
mantenido importantes fondos fuera de España para así evitar pagar al fisco
¿por qué van a elegir ahora pagar el 10%? ¿Por patriotismo, quizás, una de las
virtudes que peor se entiende con el dinero y con la riqueza? Pero lo más grave
es la injusticia inherente a la medida: los beneficiados, de haberlos, serán
los propietarios de grandes fortunas y en ningún caso el español medio. Además,
ese tipo de medidas ad hoc son
torpedos contra la línea de flotación de un Estado de derecho.
El Estado de derecho es una organización metódica nacional que
se rige por leyes. Es decir, no es, como se piensa, sinónimo de democracia
sino, en cualquier caso y bajo cualquier sistema, describe el imperio de la
ley. Es el Estado de derecho, el imperio de la ley, lo que nos provee de un
marco suficientemente sólido y estable para emprender las misiones que
correspondan en un clima de buena y justa convivencia.
No es con medidas que incumplan el principio de equidad como
se puede mantener una nación unida ni una sociedad en paz, ni se puede crear un
ambiente favorable a la creación de riquezas de forma general, por mucho que
esta misma idea haya sido repetida hasta la saciedad en estos dos últimos días.
Estas propuestas, llevadas a cabo, tensarán aún más la cuerda social e irán
minando la confianza del pueblo en sus dirigentes. La contestación callejera,
que existirá de llevarse a cabo medidas como la amnistía fiscal, tendrá más de
un motivo legítimo para existir. Y contra la legitimidad las leyes positivas
antijurídicas nada pueden, más allá de alargar artificialmente una agonía, la
del Estado autonómico, que ya nos ha costado demasiados sacrificios y
demasiadas injusticias.
Cruzando el Rubicón
