La solución a la corrupción

   Como decíamos ayer, el parasitismo de toda una amorfa clase política sobre la Administración Pública, lo que ha hecho posible llegar a unos niveles de corrupción casi tercermundistas. Allí, donde nada funciona bien si no es a cambio de una coima, un soborno o un premio; donde ninguna licencia se da sin haber comprado antes al concejal o al alcalde; donde ninguna pena existe sin la aprobación previa del cargo político correspondiente. Ese es el modelo político que, durante décadas, el Régimen del 78 ha ido imponiendo en España.

Aun hoy, y aun con dicho control casi absoluto, algunos casos van saliendo a la luz de la mano de jueces y policías –miembros del Estado, no del sistema-. Y eso es bueno, que la corrupción se persiga una vez se descubra. Pero no nos engañemos, aunque la ley tiene una función didáctica, siempre será insuficiente en un sistema tan putrefacto como el del Régimen del 78. Es decir, se puede luchar contra las consecuencias –la corrupción- pero éstos nunca desaparecerán del todo mientras no se elimine la causa.

De acabar la invasión de la clase política en la sociedad y, más aún, en la Administración Pública. Hay que liberar al cuerpo funcionarial de tantos cargos intermedios ineptos, puestos allí arbitrariamente, siguiendo el capricho de un político antes que ninguna exigencia profesional. O lo que es lo mismo, que no haya más cargos políticos que los indispensables –hasta secretario general en la administración estatal, diputado en la provincial y concejal en la municipal- eliminando la posibilidad de que éstos contraten un sinfín de asesores y ayudantes.

Asimismo, hay que laminar administraciones inútiles como las Comunidades Autónomas. Éstas, con la excusa de la descentralización, de acercar más la administración al común de los españoles, han formado 17 reinos de taifas mucho más centralistas que la propia administración estatal; han costado la ruina a no pocas regiones y, solidariamente, a la nación entera; han sido un foco incontrolable de corrupción y de mamandurria de todos los partidos políticos que han participado de ellas; han despreciado y minado la unidad de la nación, sin la cual ningún progreso es posible; y han demostrado su ineptitud en cuanto a los fines que se les otorgaba.

La eliminación de las CC.AA. debe ir acompañada de una descentralización administrativa real y no sólo teórica hasta los municipios y la recuperación de competencias por parte del Estado. Además, es necesario recuperar el Cuerpo de Interventores, funcionarial, para controlar de modo independiente las cuentas en las administraciones locales, así como rescatar y blindar la independencia del Tribunal de Cuentas y del Banco de España.

Pero no seamos ilusos: no será este Régimen el que permita hacerlo ni será con las reglas que el sistema propone para acceder al poder como se pueda llevar a cabo una reforma de tan gran calado y tan necesaria. Tendremos que buscar, con firme e insobornable voluntad, otros caminos para hacerlo. Sean éstos los que fueren y exijan éstos lo que exigieren.

CeR