Estado vs. tiranía

Desde que comenzó la crisis económica, los españoles nos hemos acostumbrado a términos que, antes, eran exclusivos de los profesionales financieros o economistas. Tales términos, aunque tengan una consecuencia más o menos directa sobre nuestra vida tanto como la tienen sobre nuestra economía familiar, no resuelven en absoluto los problemas cotidianos a los que se enfrenta el común de la gente ni atienden siquiera a nuestras necesidades: son indicadores generalmente macroeconómicos que, se supone, sirven para dirigir las políticas a seguir. Y no son ni expresiones ni indicadores malos: sirven para lo que sirven y, como todas las herramientas, si son usados con sensatez benefician a todos.

Sin embargo, aquí surge un gran problema en cuanto a su uso. Es decir, es dudoso que dichos indicadores estén sirviendo al común de los españoles sino, más bien, a intereses supranacionales que, las más de las veces, están totalmente fuera de nuestro alcance, de nuestra decisión y de nuestro beneficio. Se están haciendo cálculos y previsiones con las economías de naciones enteras tan sólo para que cuadren las cuentas de unos tratados que, como nuevos ídolos ávidos de sacrificios, se ofrecen como la solución cueste lo que cueste. Insistimos: cueste lo que cueste.

El Estado, sin embargo, no debe su existencia a dichos tratados sino, más bien, a la agrupación de personas sobre un mismo proyecto y a un acuerdo, siquiera tácito, entre ellas para atender en la medida de lo posible las necesidades de todos. Dicho de otro modo, que el Gobierno calcule las políticas económicas que ha de seguir el Estado en función de cuáles pueden beneficiar más y mejor a intereses ajenos al español, al miembro de dicho Estado de quien éste recibe toda legitimidad, es ilícito. No es aceptable que un Gobierno dirija al Estado contra los propios individuos que lo forman. Y cuando decimos los propios individuos debe entenderse como extensivo a los propios intereses de dichos individuos. A eso se le llama tiranía.

Si de lo que se trata, como parece, es de cuadrar las cifras exigidas por un tratado supranacional aun en contra de los intereses españoles y, a la vez, mantener todo el constructo que sirve a los políticos en sus ambiciones de todo tipo, corruptelas incluidas, ¿quién nos dice que no se suprimirán servicios sociales básicos que, por esencia, son deficitarios y por tanto sólo puede asumirlos el Estado? ¿Quién nos asegura que el dinero para pagar unas deudas que no son nuestras, sino del aparato del sistema, no va a ser restado de los servicios públicos por los que el Estado, primordialmente, existe? ¿Quién nos garantiza que nuestros intereses más primarios, como pueden ser atención sanitaria, seguro de desempleo o enseñanza universal, no se van a ver perjudicados por ese ansia de cumplir con los intereses extranjeros?

El Estado debe ser consciente de sí mismo y asumir de dónde recoge la legitimidad, que es de los individuos que lo forman, y, consecuentemente, actuar para proteger y favorecer los intereses de dichos individuos. Lo otro es, a la larga, vendernos como esclavos a amos extraños.

Cruzando el Rubicón