Justificando lo injustificable

Acaparan las páginas de los principales diarios nacionales las noticias sobre la reciente condena al antiguo presidente de Baleares, Jaume Matas, y sobre la conveniencia o no de que tal condena se proyecte sobre su partido y la importancia o no de que bajo las siglas del PP cometiese los delitos que se han considerado probados. Por otro lado, siguen coleando los casos de los ERE’s andaluces que, a su vez, salpican al entorno del propio presidente Griñán y del antiguo presidente Chaves. Un caso, y otro, y otro, no han dejado de gotear sobre corruptelas de distinto tipo en todas las Comunidades Autónomas a lo largo de las tres últimas décadas, esto es, desde que comenzó la existencia de dichas Comunidades.

En otro frente, se analiza la duplicidad de competencias en multitud de áreas y la necesidad de poner coto a unos gastos desmedidos por triplicado. Sin embargo, se plantean opciones como eliminar las Diputaciones Provinciales y reorganizar los ayuntamientos agrupándolos no se sabe muy bien en función de qué criterios, aunque sospechamos que únicamente el económico -recordemos que es gracias a las Diputaciones por lo que los municipios más pequeños tienen servicios tan básicos como el agua corriente o la electricidad, las carreteras asfaltadas o repetidores de telecomunicación, entre otros, y que existen ayuntamientos con más de dos mil años de historia-. Sin embargo, en ningún momento se plantea el cierre de las Comunidades Autónomas, generadoras de la mayor parte de gasto en nuestro país, además de ser los mayores focos de corrupción política a gran escala como demuestra la condena de ni más ni menos que ocho presidentes de autonomías, aparte de decenas de consejeros y diputados regionales.

Es necesaria una nueva estructura estatal y una nueva organización territorial. Pero seamos sensatos: los ayuntamientos, algunos con fueros seculares y otros con tradiciones propias, son instituciones naturales del ser humano que no pueden depender de las diversas circunstancias socioeconómicas de cada lustro o de cada década. De ser así, España se convertiría en un ingobernable caos y los municipios, actuales instituciones de trato directo con la población, perderían toda su eficacia. Por su parte, las Diputaciones Provinciales, de desaparecer, provocarían, además de la desatención a los municipios más pequeños y con ellos a todos sus habitantes, un centralismo multiplicado por diecisiete que aumentaría a la enésima potencia la tentación caciquil de los rectores regionales, gobiernen éstos bajo las siglas que gobiernen.

La organización territorial por Comunidades Autónomas, un experimento que se hizo queremos creer que con buena intención, no ha dado el resultado esperado: la economía se ha hundido en su pozo sin fondo, la unidad se ha resquebrajado con añagazas egoístas y la desafección del pueblo por su clase mandataria es más que palmaria. Es necesaria una nueva estructura territorial, eso es cierto, pero hay que comenzar, cuando sea posible, por eliminar las Comunidades Autónomas y, por otra parte, dejarse de experimentos carísimos y de dudosa eficacia con instituciones que han demostrado su validez durante siglos, tales como ayuntamientos o diputaciones. Seamos cuidadosos con nuestras ocurrencias porque después seremos nosotros los que paguemos los platos rotos.

Cruzando el Rubicón